La asamblea del CIAP aprueba por unanimidad someter a consulta pública la aplicación del Parámetro K, una fórmula que gravará más a las empresas que más contaminen con sus aguas residuales

Las empresas e industrias del Poniente Almeriense que menos contaminen con sus aguas residuales pagarán menos tarifa del servicio de depuración del agua, y aquellas que, al contrario, viertan más elementos contaminantes a las plantas depuradoras y por tanto incrementen los costes de éstas en el tratamiento del agua, tendrán que abonar una mayor cantidad. La Junta General del Consorcio del Ciclo Integral del Agua del Poniente Almeriense, reunida en asamblea ordinaria en Roquetas de Mar, así lo ha decidido por unanimidad. Se aplicará el conocido como ‘Parámetro K’, una fórmula matemática basada en tres variables que permite cuantificar cuánto se contamina.

La medida no afectará al consumo doméstico, pero sí al industrial, tal como explicó durante la asamblea el presidente del ente supramunicipal, Francisco Gutiérrez, concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. “Lo que se hace es penalizar al consumo industrial que más contamine. Lo que nosotros estimamos es que las empresas a medio plazo van a poner los medios necesarios para que no se produzca esa contaminación del efluente, lo que depositan en la red, se parezca lo máximo posible al efluente doméstico”, indica.

Se trata de una medida “justa y equilibrada”, señala Francisco Gutiérrez. Este parámetro ya se está aplicando en otros territorios y viene avalado por la recomendación formulada por la Federación Española de Municipios y Provincias. Hasta ahora, advierte el presidente del CIAP, “a una empresa le puede salir más rentable no tratar sus aguas y que ese coste se repercuta entre todos”, situación que se pretende cambiar con esta iniciativa. “Si las empresas realizan los cambios necesarios para que su contaminación se asemeje a una contaminación doméstica pagarán menos”.

Desde que se apruebe la medida a través de una modificación de la Ordenanza correspondiente -y antes se va a someter a consulta pública- habrá seis meses de carencia, un periodo de adaptación para que las empresas “realicen los cambios necesarios y cumplan los parámetros medioambientales, para que de esa forma podamos operar las estaciones depuradoras sin este tipo de vertidos, que resultan muy perjudiciales”, resalta el presidente del CIAP.

El Parámetro K se calcula sobre la base de distintas variables en el agua que llega a las plantas depuradoras: demanda química de oxígeno, o materia orgánica presente en el agua; demanda biológica de oxígeno a los cinco días, o materia orgánica presente en el agua que se puede eliminar de forma biológica; sólidos en suspensión o cantidad de materia en suspensión en el agua y, por último, toxicidad biológica, como indicador de la carga contaminante peligrosa para la vida y los ecosistemas.

“Un vertido supone un incremento del consumo de oxígeno, poner en marcha una serie de procesos que aumentan el consumo eléctrico y afectan a una serie de parámetros que suben el coste de operación. Es una buena medida, anima a las empresas a que tomen decisiones en cuanto al respeto al medio ambiente y es proporcional”, advierte Francisco Gutiérrez.

Vertidos y sanciones

De la asamblea del CIAP se extrajo otra conclusión unánimemente validada por todos sus integrantes: se hace necesaria la aplicación de las sanciones recogidas en las distintas ordenanzas en vigor por determinados vertidos muy contaminantes, ante la actitud de algunas empresas del ámbito de influencia del Consorcio que, según revela Francisco Gutiérrez, “están generando problemas que a su vez están tensionando la infraestructura de depuración y nos está llevando a que en algunos momentos las empresas concesionarias tengan verdaderas dificultades para mantener las estaciones depuradoras dentro de los parámetros”.

El ente tiene localizadas a las mercantiles que realizan vertidos contaminantes y, según se comunicó en la asamblea, ya está en contacto con las autoridades para perseguir y sancionar las conductas negligentes o presuntamente delictivas, con el objetivo de velar por el cumplimiento de las normas medioambientales.