La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia por la que se anula la resolución de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, de fecha 14 de febrero de 2003, y el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, de 21 de noviembre de 2002, que pesaba sobre el Centro Comercial “Gran Plaza”, por considerar que ninguno de los dos se ajustaba a derecho y por tanto lesionaban los intereses del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y del propio centro comercial.

En consecuencia, con esta sentencia queda totalmente legalizado el  centro comercial desde el punto de vista urbanístico, ya que comercialmente ya había sido legalizada también por sentencia del TSJA.

Esta es la segunda Sentencia del Tribunal Superior de Justicia que se pronuncia sobre la legalidad de la actuación urbanística municipal, ya que la primera avaló la modificación del planeamiento aprobada por el Ayuntamiento, y en esta  se confirma que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar actúo en base a la competencia delegada siendo el órgano competente para la aprobación del Plan Parcial. Ahora bien, el TSJA estudia si el informe emitido fuera de plazo por el Consejo Consultivo de Andalucía se ajusta al ordenamiento jurídico, concluyendo que carece de elementos jurídicos para sustentar el criterio desfavorable que expresa y que sustentaba la resolución recurrida, por lo que insta a este órgano a que emita un nuevo dictamen en sentido favorable a la aprobación del Plan Parcial de los sectores 35 y 36 del PGOU de Roquetas de Mar.

Recordemos que una de las causas de la denegación de licencia por parte de la Junta de Andalucía se basaba en el criterio de que no existía déficit comercial en Roquetas y en su área de influencia y la instalación del centro podría producir efectos negativos, y sin embargo meses después sí autorizó la construcción de un centro comercial a poca distancia de “Gran Plaza”.

Se especificaba en ese informe que no existía déficit comercial en Roquetas, y sólo meses después fue la propia Junta de Andalucía quien encargaba la realización de un estudio al Instituto Cerdá para su comprobación, en el que se detallaba textualmente que “existe un déficit de oferta comercial en la zona de Roquetas de Mar valorado en 7.801 millones de pesetas/año, de los que 3.911 corresponden a alimentación y 3.890 a no alimentación”.